Menos instituciones, más pobreza

Menos instituciones, más pobreza

Por: Víctor Maldonado C.

Segundo Vicepresidente de CEDICE-LIBERTAD

América Latina ha padecido en los últimos veinte años un pavoroso invierno institucional. El populismo autoritario de los socialismos del siglo XXI ha hecho perder a los países solvencia y madurez para encarar los problemas de sus ciudadanos. En algunos casos no ha sido peor, precisamente por la salvaguarda de algunos acuerdos sociales clave que permitieron al final resolver por la vía electoral la amenaza que significaba la instauración perpetua de un régimen violador de las libertades. Ha sido una lucha feroz entre un estado con vocación depredadora y unos ciudadanos que han terminado por convencerse de que el desequilibrio de fuerzas entre el gobierno y ellos es una amenaza mortal.

Venezuela es el contraejemplo. En el índice de calidad institucional del 2018 es el único país iberoamericano que se encuentra entre los veinte peores del mundo. Al estar en la posición 183 de 191 países, también integra el penoso grupo de los diez que tienen pésimo desempeño. Todos ellos tienen en común el talante autoritario de sus gobiernos, y su incapacidad para resolver problemas de orden social, el escaso respeto por el derecho, la violación de los derechos de propiedad, la inestabilidad política, el aislamiento internacional, el colapso económico y el poco respeto por los estándares democráticos. Ninguno de ellos proporciona felicidad a sus ciudadanos. Todos, por el contrario, obstaculizan los proyectos de vida, escamotean sistemáticamente el derecho a la libertad, y colocan a todos los que allí viven en condiciones de ansiedad insoportable, que obliga a una buena porción de ellos a migraciones improvisadas que solo garantizan penurias adicionales.

Un país sin reglas del juego claras, consistentes y estables, enfocados en transitar la ruta de la prosperidad productiva termina siendo objeto del saqueo de quienes lo gobiernan. La corrupción es hija legítima de la impunidad. Y la impunidad solo es posible en ausencia de derecho y justicia. Los países sin calidad institucional tienen en común sistemas judiciales intervenidos por la política, que los determina para que decidan bajo criterios particularistas y clientelares. Cuando las reglas no son universales y las leyes solo son aplicadas a los que no tienen las debidas conexiones con el poder, es muy fácil que se cuelen agentes oportunistas que, en connivencia con la burocracia, transforman el gobierno es negociados que poco a poco van venciendo las escasas resistencias sociales para luchar contra la corrupción. Al final, como ocurre en Venezuela, los países se convierten en terreno fértil para las mafias, los narconegocios, y la concentración de los recursos en conglomerados militares que así cobran el mantenimiento de gobernantes ineficaces al frente del país.

En ausencia de calidad institucional los recursos públicos se desvían hacia la creación de “nuevos ricos patrimonialistas”, mientras se desploman los servicios públicos, la economía colapsa, el desempleo se incrementa y se abate el ánimo emprendedor. En los veinte países peor aspectados nadie quiere invertir, nadie se atreve a colocar nuevos negocios, nadie imagina un futuro prometedor, y nadie quiere quedarse. Hay un aspecto que se pone de relieve en el análisis de los resultados del año 2018. No solamente que la pobreza correlaciona perfectamente en países desvalidos de instituciones, también que la calidad ambiental se deteriora inexorablemente. El caso venezolano es un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

La moraleja sigue siendo la misma de todos los años: el esfuerzo político sustantivo debe seguir siendo la creación y consolidación de abundancia institucional. Solo así regirá la racionalidad necesaria para que todos se dediquen a construir sus proyectos de vida. Solo así se puede disfrutar de libertad, paz y progreso. El enemigo no es la libertad, es la arbitrariedad del populismo rampante.